La Sala de lo Constitucional resolvió una controversia que se originó por las modificaciones que propusieron los diputados para reformar la Ley de Endeudamiento Público Municipal. En su actual versión, esta normativa da 20 días al Ministerio de Hacienda (MH) para que, con la información correspondiente, pueda certificar si una alcaldía cumple con todos los requisitos para poder tomar un paquete de deuda.